Contexto

El pasado febrero, la alcaldesa Cathy Barriga hizo un llamado a realizar un Concejo Municipal extraordinario donde expuso el informe que evidenció una deuda de 35 mil millones de pesos que tenía SMAPA, la cual se venía acumulando desde el año 2005. Ésta situación fue notificada por la Tesorería General de La República.

En aquella oportunidad, se reveló que existían tres procesos judiciales en marcha: dos en los Tribunales Tributarios y uno en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde el Servicio de Impuestos Internos (SII) exige el pago al municipio de 35 mil millones de pesos.

Como todos sabemos, SMAPA es un servicio de y para los vecinos de Maipú con fuentes propias de agua potable. Es una dirección municipal, la cual no tiene ni patrimonio ni personalidad jurídica propia. No es un negocio, los dineros percibidos por SMAPA ingresan directamente a las arcas municipales.

Sin embargo, el SII consideró que se realiza un acto de comercio y por ende se debe pagar un impuesto a la renta sobre las utilidades, criterio que aplicó desde el año 2005 en adelante.

En aquel momento, el subdirector jurídico del SII, Gonzalo Torres, señaló que las administraciones anteriores del municipio tuvieron la oportunidad procesal de presentar pruebas y así “haber probado que la base imponible que estaba determinando el SII era totalmente errónea, pero lamentablemente no se llevó nada”.

Frente a esto, la alcaldesa ordenó elaborar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, argumentando que el criterio del SII sería contrario a Derecho e inconstitucional, y no sólo perjudicaría a este Municipio, sino que a otras municipalidades y organismos de la administración del Estado.

Primer paso por la defensa del agua pública

La semana pasada, el equipo jurídico de la Municipalidad de Maipú, encabezado por el abogado Arturo Fermandois, interpuso el escrito ante el Tribunal Constitucional denunciando al SII por el cobro realizado.

El martes recién pasado, 18 de abril, la Segunda Sala acogió la presentación de la Municipalidad de Maipú y paralizó el juicio por el millonario cobro. Éste es el primer paso en la contienda judicial, puesto que sigue en el Tribunal Constitucional, donde se verá el fondo del requerimiento.

“Vamos a defender el agua de Maipú como lo hemos hecho con todos los recursos de los vecinos, primero combatiendo la corrupción, y ahora llegando a las máximas instancias frente a cobros de intereses injustos. Queremos evitar que estos dineros que nos cobran pierdan su objetivo: el bienestar de los vecinos de nuestra comuna”, manifestó la jefa comunal.